sábado, marzo 31

Santa Cruz y Las Palmas ya cuentan con un estatuto que define su capitalidad

El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó en la tarde de ayer, tras votación secreta, el Estatuto de Capitalidad Compartida entre las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Miguel Zerolo, alcalde de la capital tinerfeña, expresó su "satisfacción" por contar con un documento que establece el marco financiero y de relaciones entre ambas ciudades, aunque dejó claro que "ahora empieza el desarrollo de esta vieja aspiración de nuestros vecinos".
Zerolo añadió que "éste es un proceso muy largo y antiguo que desde Santa Cruz teníamos como un objetivo claro después de que no cuajara el intento de crear una Mancomunidad en el área metropolitana. Encargamos estudios sobre el coste de la capitalidad y analizamos lo que ocurre en otros lugares del Estado".
El primer edil indicó que "ha habido un gran consenso en el documento, sobre todo a partir de la coincidencia con la alcaldesa, Josefa Luzardo. Después lo presentamos al Gobierno de Canarias y lo aprueba el Parlamento en el último paso, o mejor dicho en el primero, porque es ahora cuando hay que empezar a trabajar creando el Consejo, estableciendo el marco financiero y las relaciones entre ciudades. Para mí es un honor que se haya aprobado en esta legislatura".
Los alcaldes de Santa Cruz y Las Palmas entregaron el documento consensuado después de dos años de trabajo conjunto al presidente del Gobierno, Adán Martín, el 30 de marzo de 2006. Prácticamente un año después ya es una realidad sólida que, según los cálculos establecidos, podrían reportarle a la ciudad de Santa Cruz unos 15 millones de euros anuales.
La norma regula el estatuto especial de ambas ciudades, así como sus relaciones de colaboración, establece que las capitales canarias tendrán un apartado específico en los presupuestos autonómicos y crea el Consejo de la Capitalidad. Los grupos se felicitaron por la aprobación de esta norma, aunque el PSOE consideró que nace "parca, escasa y poco comprometida".

El Consejo de la Capitalidad, órgano colegiado, de carácter permanente y consultivo para la coordinación de actuaciones estará constituido por ocho representantes, cuatro de los ayuntamientos de ambas capitales y cuatro del Gobierno canario, entre ellos el consejero de Cultura, después de que se aceptara la propuesta en este sentido de representación paritaria del PSC, junto a los de Hacienda y Administración Territorial; el presidente del Gobierno de Canarias; los dos alcaldes y dos representantes elegidos por cada uno de los consistorios locales.
Los grupos de CC, por el que tomó la palabra Augusto Lorenzo Tejera, ponente de la ley, y PP rechazaron la enmienda socialista que reclamaba una financiación adicional también para las capitales de las islas no capitalinas, atendiendo a los principios "de equilibrio y doble insularidad".

El PSC, a través de su portavoz, Francisco Hernández Spínola, reiteró sus críticas al retraso en el trámite de la ley y consideró que introduce una "regulación escasa, parca, poco ambiciosa y poco comprometida", como, recordó, también ha advertido el Consejo Consultivo de Canarias. Spínola insistió en que el texto "es mejorable" y espero que se pueda hacer en la próxima legislatura".
El portavoz del PP, Jorge Rodríguez, afirmó que "se cumple una anhelada esperanza que venía recogida en el Estatuto de Autonomía" y destacó que Las Palmas y Santa Cruz avanzan gracias al esfuerzo y trabajo de sus gobernantes y de sus residentes.
La norma, con tres títulos y ocho artículos, regula el estatuto especial de las dos ciudades y reconoce que ambas comparten la capitalidad de Canarias. Como distintivo especial, al escudo de ambas se le agregará un elemento común a definir por la Comisión de Heráldica de la Comunidad.
Ambos consistorios deben promover y llevar a cabo actividades de interés común para todo el Archipiélago con instituciones internacionales. Por último, la financiación de la capitalidad tendrá un apartado específico en los Presupuestos de la Comunidad.
Fuente:El dia

La Diputación suprime los pases de protocolo para asistir al Juan Bravo

El teatro Juan Bravo y su gestión por parte de la Diputación Provincial de Segovia protagonizaron gran parte del debate que los grupos políticos mantuvieron ayer en el Pleno ordinario celebrado en la Cámara provincial. Una moción presentada por el diputado de Izquierda Unida, José Luis Martín Moral, en la que pedía la anulación de los privilegios de que gozan los representantes de la institución para asistir con invitación a los espectáculos que se celebran en el teatro Juan Bravo sirvió para que el presidente de la Diputación Provincial, Javier Santamaría (PP), anunciara oficialmente la supresión de los pases de protocolo para entrar al Juan Bravo, medida que lleva en vigor desde el inicio de la temporada en el mes de septiembre.
Ni PP ni PSOE respaldaron la moción de Izquierda Unida porque entienden que las invitaciones que los diputados reciben no constituye privilegio alguno, pues la Diputación es la institución que gestiona en solitario el teatro y sus representantes tienen derecho a percibir el pase. Tampoco cuestionan PP y PSOE las invitaciones que la dirección del teatro reserva a las instituciones o empresas colaboradoras. Según Santamaría, estos colaboradores sufragan la mayor parte de los gastos que generan las actuaciones y la Diputación les reserva los pases que pidan porque así está estipulado en los convenios suscritos.
No obstante, el PSOE exigió a la Diputación un mayor control en el reparto de invitaciones para garantizar que el mayor número de personas aficionadas puedan asistir a los espectáculos, teniendo en cuenta que el aforo del teatro es escaso.En este sentido, Izquierda Unida denunció que ha habido ocasiones en que se ha regalado el 50% del aforo, cuando «los políticos debemos representar a los ciudadanos en los despachos pero no en las butacas de un teatro».Aunque confirmó la retirada de los pases de protocolo, Santamaría dijo que la Diputación garantizará la entrada a aquellas autoridades o diputados que deseen ver determinados espectáculos y lo comuniquen previamente. Las instituciones colaboradores seguirán percibiendo las invitaciones como hasta el momento.
Consenso
Casi dos años y medio después de la llegada de Víctor Aranda a la Dirección del Juan Bravo tras el polémico despido de Antonia Arranz, la programación que está ofreciendo el teatro parece ser del agrado de los grupos de la oposición. Aunque criticó el uso institucional que se hace del aforo, el diputado de Izquierda Unida reconoció que la gestión cultural del teatro «es buena y en algunos casos brillante», afirmación que el portavoz socialista, David Rubio, no rebatió en su intervención posterior. José Luis Martín Moral afirmó que la programación «mantiene vivas las expectativas de asistencia a los espectáculos» entre el público.En este sentido, Javier Santamaría, presidente de la Diputación, aseguró que el Juan Bravo está prestigiando Segovia y su actividad cultural incluso en el plano internacional.
Fuente:Norte de Castilla