«El gran problema del protocolo oficial es que no sabemos qué es ni qué va a ser España». Julio Carbajo, profesor de la Universidad de Oviedo y codirector de los cursos de protocolo de la institución, clausuró ayer las jornadas que sobre este tema se celebraron en La Granda. Carbajo habló en su ponencia sobre los problemas actuales del protocolo en España y planteó que hasta que no se defina España no se puede actualizar la normativa. El real decreto del año 1983 es el que sigue rigiendo en materia de protocolo, sin cambios desde que lo elaboró Joaquín Martínez Correcher (también presente en los cursos de La Granda). «Siempre se reflexiona que el real decreto es una norma muy buena y eficaz», apuntó el profesor.
El problema que tiene es que en sus 24 años de vida han desaparecido unos cargos y aparecido otros, en un contexto social y político cambiante. «El modelo autonómico no está cerrado. Las reformas de los estatutos son la antesala de cambios importantes.
Si no sabemos qué estado queremos, no tiene sentido discutir acerca del protocolo», insistió. Aparte de las lagunas del real decreto, otro problema para el protocolo oficial es la ausencia de una política protocolaria única en España, de tal modo que mientras la Administración central tiende a suprimir los tratamientos las de las comunidades autónomas los potencian.
Muchos quebraderos de cabeza los plantea el Código de Buen Gobierno, de fecha de 2005, donde se suprimen los tratamientos para las autoridades de la Administración central. Los ministros, por ejemplo, sólo anteceden su nombre por «señor» o «señora». «Esto plantea, incluso, un problema filosófico, del porqué de esa supresión, qué subyace ahí, cuando España ha sido un país tan respetuoso con esos tratamientos». Además, desde el punto de vista de la norma plantea contradicciones y problemas de aplicación. En primer lugar, no está claro a quién alcanza y a quién no este Código del Buen Gobierno. «Plantea un problema de simetría en el tratamiento de los cargos. Así como en la Administración del Estado se opta por la supresión de los tratamientos, simultáneamente otras administraciones optan justamente por lo contrario, y así la tendencia en las comunidades autónomas es a consolidar y mantener los tratamientos».
Además, muchos colectivos de la Administración central no están afectados por el Código, tal es el caso de los jueces, que en 2005 aprobaron un reglamento de honores y protocolo. El último ejemplo que puso Carbajo de la supresión de los tratamientos es la Universidad. «En la ley de Reforma Universitaria de 2007 se han suprimido y sólo queda el "magnífico" para el rector», explicó. Sin embargo, existe una normativa local muy reciente por la cual se establece el estatuto de grandes ciudades y a ellas se les otorgan unos tratamientos que no existían hasta ahora en la Administración local: el Alcalde pasa a ser «excelentísimo» e «ilustrísimo» el primer teniente de alcalde. «Es algo que antes sólo ocurría en Madrid y en Barcelona; en esta ley el propio legislador potencia tratamientos frente a la Administración central, que quiere evitarlos», concluyó.
Fuente:lne.es
