Foro para el estudio R.D. 2099/83

Respuesta de récord

La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes acaba de responder al diputado popular Celso Delgado, a su pregunta, de la que recientemente nos hacíamos eco, sobre la actualización del Real Decreto que regula el Protocolo Oficial en España -que data de 1983- y en la necesidad de adaptarlo a los nuevos tiempos.Como decimos, ha sido una contestación telegráfica (pero sin stop): «El Gobierno no ha anunciado ni está elaborando en estos momentos una nueva ley reguladora del protocolo oficial de España».

Este asombro no sólo es del parlamentario ourensano, sino de cualquier profesional del protocolo, pues desde entidades, asociaciones e instituciones vinculadas con el Protocolo y Ceremonial, se viene demandando esta actualización de la normativa.Entendemos que la respuesta gubernativa pudo haber sido más enriquecedora, insinuando que se iba a crear una comisión de trabajo de expertos o reconociendo que es una disposición que está obsoleta y está en estudio un borrador. O algo parecido. Pero no fue así.

Sencillamente, no hay interés oficial por el tema.La única satisfacción que le queda al diputado es que está en condiciones de ingresar en el Libro de Récords por ser el que ha recibido la repuesta parlamentaria más breve.

Fuente:La Voz de Galicia

• Congreso de los Diputados:Pregunta sobre protocolo

Una pregunta oportuna

EL DIPUTADO en Cortes Celso Delgado, perteneciente al Grupo Popular, ha presentado una pregunta al Gobierno, publicada en el BO del Congreso el pasado 7, sobre cuándo se va a actualizar la actual normativa reguladora del protocolo oficial en España y acomodarla a la nueva realidad institucional del Estado y a las nuevas prácticas organizativas. En nuestra condición de profesionales de protocolo, recibimos con enorme satisfacción esta propuesta, pues, como repetidamente hemos dejado constancia en este periódico, la vigente legislación en dicha materia protocolaria, esta obsoleta, dado que el Rogpe (Real Decreto que regula el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado), data del 4 de agosto de 1983, por lo que el mismo no contempla nuevos cargos institucionales que han ido apareciendo en la escena administrativa o que se fueron suprimiendo o reconvirtiendo. Precisamente en el pasado Congreso Internacional de Protocolo, quedo de manifiesto la necesidad de actualizar dicho Real Decreto, y desde los distintos estamentos profesionales ya hace bastante que se viene reclamando esta adaptación a los nuevos tiempos de la referida normativa. Y es que ya resulta complicado hoy en día organizar actos y ceremonias protocolarias, debido a las particulares interpretaciones que hace cada cual -sobre todo el político de turno- de la norma (sea o no de Ley), como para que por encima el instrumento útil para los profesionales y expertos en protocolo, como es el Rogpe está caduco. Así, feliz iniciativa parlamentaria que por lo menos aclarará las intenciones oficiales.

Congreso de los Diputados:Pregunta sobre protocolo

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Diputado de la provincia de Ourense, D Celso Delgado Arce perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta de la que desea obtener respuesta por escrito: El 25 de noviembre de 2006 se celebró en Zaragoza el VII Congreso Internacional de Protocolo en el que los congresistas siguiendo las exposiciones de valiosos ponentes procedentes de los distintos ámbitos territoriales de las administraciones y de las opiniones de los asistentes, profundizaron sobre el estudio de una posible actualización de las normativas y otras practicas ceremoniales en el Protocolo Oficial.

Así se expresó una sentida y amplia necesidad de actualizar diferentes normativas, en especial el Real Decreto 2099/83 de 4 de agosto por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado, norma reguladora del Protocolo Oficial de España y que ha cumplido un papel importante.Han considerado los expertos en protocolo que es urgente la actualización del citado Real Decreto para acomodarlo a la nueva realidad institucional de Estado y a las nuevas prácticas organizativas. Incluso una de las propuestas que se presentaron fue la de elaboración de una Ley Estatal de Protocolo y Ceremonial que aglutine los principales aspectos relacionados con la normativa en ese campo.

En opinión de este Diputado, que ha conocido las conclusiones y reflexiones de los congresistas reunidos en el Panel de Protocolo de Estado, hay diversos apartados en los que la revisión se hace muy necesaria y urgente.A tal fin y dado el alto nivel de los profesionales del Protocolo en España sería pertinente que desde el Gobierno se crease un grupo de trabajo constituido por expertos reconocidos en esta materia que pudieran asesorar en la redacción de los posibles proyectos o borradores sobre estas materias.Por todo ello pregunto,¿Cuándo procederá el Gobierno a efectuar una actualización de la vigente normativa reguladora del Protocolo Oficial de España para acomodarlo a la nueva realidad institucional del Estado y a las nuevas prácticas organizativas?Madrid a 15 de enero de 2007.

Fdo. CELSO DELGADO ARCE.

CUESTIÓN DE PROTOCOLO VERSUS EDUCACIÓN

Un poco atónitos nos hemos quedado tras la lectura en la prensa regional del incidente protocolario ocurrido el sábado pasado en el Auditorio Alfredo Kraus entre la Vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Maria del Mar Julios, y el Ministro de Justicia, Juan Fernando López de Aguilar, candidato ya nombrado del Partido Socialista para las próximas elecciones autonómicas. Quizás el señor ministro, en su doble condición de elegido y elegible, confunda su posición en el seno de la Comunidad Autónoma de Canarias, y quiera hacer prevalecer su condición de ministro sobre las autoridades autonómicas elegidas por los canarios.

La normativa es muy clara y manifiesta cómo a continuación se detalla, y ningún ministro puede disputar la presidencia de un acto a la persona que sustituye al presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias en ese momento.

¿O es que acaso el señor ministro, si algún día llega a presidir el Gobierno de Canarias, permitiría que la persona que él haya designado para sustituirle en su ausencia sea ninguneado por una autoridad del gobierno central?

Quizás debería aclarárnoslo antes de las elecciones, pues flaco favor le haría a nuestra Comunidad, a la que en teoría viene a “defender y a sacar del arroyo…”Uno de los temas que probablemente más debate suscitó en la etapa del protocolo oficial inmediatamente posterior a la entrada en vigor de la Constitución fue el de las precedencias y presidencias en los casos de representación y sustitución legal.

Tal vez en esa primera época, en la que no existía norma alguna que regulase la materia, el debate era lógico y razonable, si bien la cuestión ha quedado definitivamente resuelta con la entrada en vigor del Real Decreto que regula el Ordenamiento General de Precedencias y Presidencias de vigencia para todo el Estado, que data del año 1983, y definitivamente confirmada con el Decreto Canario de 1997, que regula las precedencias y presidencias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

A la vista de una y otra normativa, que por su ámbito material y territorial son las directamente aplicables en Canarias, no ofrece duda alguna que quien acude a un acto oficial en sustitución de otra autoridad, o suplencia legal como lo denomina el Decreto de Canarias, ocupa el lugar del sustituido, mientras que quien acude a un acto oficial en representación de una autoridad, no ocupa su lugar sino el que le corresponde en razón de su cargo, salvo que represente al Jefe del Estado o al Presidente del Gobierno de España, que son los dos únicos supuestos en los que quien representa a esas dos altas autoridades ocupa su lugar.

Por tanto, la Vicepresidenta del Gobierno de Canarias que acude a un acto en sustitución del Presidente del Gobierno ocupa su mismo lugar, y, conforme al ordenamiento general de precedencias le corresponde el lugar inmediatamente anterior a un Ministro en actos celebrados en el territorio de una Comunidad Autónoma, se mire como se mire. Es más, la solución, no sólo tiene la confirmación legal, sino que es la más conforme con el pleno desarrollo del modelo del Estado de las Autonomías.

¿Es que a alguien se le puede ocurrir que en el País Vasco, en Valencia o en Cataluña un Ministro presida un acto al que asiste el Presidente de esa Comunidad, o el que lo sustituya?

Creo que sólo al señor López de Aguilar, por lo que se ve.

Alguien podría pensar que la Vicepresidenta del Gobierno de Canarias no es el Presidente y que, por tanto, no puede preceder a un Ministro. Sin embargo, la cuestión es que la Vicepresidenta no acude al acto como tal Vicepresidenta sino como Presidente en funciones, es decir, sustituyendo al Presidente que se encuentra de viaje oficial, y por ello es, ese día y en ese momento, la Presidenta del Gobierno de Canarias.

Otra cuestión es que hubiera acudido al acto en representación del Presidente que sigue ejerciendo sus funciones, y que no puede ir, no le apetece, o decide delegar en la Vicepresidenta, que sería un supuesto típico de representación en el que nunca podría pretender ocupar el lugar del Presidente.Por tanto, la polémica planteada no es tal, pues, sin perjuicio de que son los organizadores los que deciden quién debe presidir el acto, si éstos asumen que “la papa caliente” planteada se resuelva conforme a la normativa vigente, no existe el mínimo resquicio a la duda: presidirá el acto el Presidente del Gobierno de Canarias o quien lo sustituya, pues el Presidente es la autoridad de mayor rango no sólo de Canarias sino del Estado en Canarias, y podrá presidir el Ministro siempre que no acuda al acto el Presidente o quien lo sustituya, por ejemplo, cuando quien acuda en nombre del Presidente lo haga en su representación y no en sustitución.

Lo contrario es romper el esquema básico de funcionamiento del modelo autonómico, como lo ha hecho el señor López de Aguilar, que como ministro de Justicia, debería conocer las normativas y preceptos.Tal vez algunos consideren que esto es sólo una “tontería”, o una “majadería”, que ocupa a los políticos y no interesa al resto de los mortales. ¡Craso error¡ Protocolo es poder….

Pero en todo caso, si aceptásemos las tesis de los que no creen en las cuestiones protocolarias, o consideran que estas son ridículas, habría que apelar a las buenas costumbres, a las formas y sobre todo “al talante”, ese que demostró no tener el ministro “canario” Sr. López de Aguilar.

Tamaña dosis de prepotencia y falta de educación, desde el momento que retrasó un acto, al cual decidió acudir en última instancia.. Hacía tiempo que no se veían por estos lares tales comportamientos. Quizás sea eso lo que nos venga a enseñar.Señor ministro, para este viaje no hacían falta tantas alforjas…Elisa Torres Santana es secretaria de Identidad, Cultura e Ideología de Coalición Canaria en Gran Canaria.

Un ministro «poco respetuoso»

Un ministro «poco respetuoso»

«Juan Fernando López Aguilar ha demostrado tener un talante muy poco respetuoso con la presidenta en funciones de Canarias», se lamentó ayer desde Cuba el jefe del Ejecutivo canario, Adán Martín, tras enterarse de que el también candidato a la presidencia de los socialistas canarios había vetado a Julios para que clausurara unas jornadas de economía social. «Carece de la más elemental mesura y buen juicio que hay que presuponer en un titular de Justicia», sentenció Martín.

La disputa por copar el protagonismo del acto se desencadenó a primeras horas de la mañana de ayer, en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria, donde ambos representantes políticos habían sido convocados por la Asociación de Empresas de Economía Social de Canarias a clausurar unas jornadas. La organización les había invitado a ambos; el ministro fue el primero en confirmar su asistencia, y «horas después» lo hacía la vicepresidenta. Para Jaime Cabrera, presidente de Asescan, «el sentido común» imponía que fuera Julios -que finalmente abandonó el Auditorio y no participó en el acto- quien clausurara el evento, que estaba además subvencionado por el Gobierno regional.

Protocolo
Sin embargo, desde el Ministerio entendían que por protocolo y según la normativa aplicable «la persona que represente en su cargo a una autoridad superior a la de su propio rango no gozará de la precedencia reconocida a la autoridad que representa». En base a dicho reglamento, en Justicia justificaron la disputa en un «empecinamiento» de Julios y acusaron al Ejecutivo regional «de mandar una comunicación a la organización para que Julios asistiese al acto, imponiendo que ésta lo clausurase».

Por su parte, el jefe del Ejecutivo canario quiso dejar claro que antes de iniciar su viaje firmó el decreto de sustitución en la Presidencia por el que Julios la ocupa en funciones. Esos decretos «nunca se publican en el Boletín Oficial de Canarias, como es lógico». El hecho de que «todo un ministro de Justicia apele a que el nombramiento no ha aparecido en el BOC para usurpar un puesto es una prueba de desconocimiento». Finalmente, la discusión quedó en un rocambolesco «espectáculo» que se saldó con la ausencia de Julios, pero que no impidió la clausura de las jornadas.

Fuente:ABC