Lo que debería haber sido un acto ejemplar sobre la importancia de la colaboración entre las administraciones -en este caso, Gobierno, Junta y ayuntamientos- quedó reducida ayer a un grave cruce de descalificaciones entre la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, y el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, -al que se sumaría el consejero de Fomento, Antonio Silván- por el protocolo de un acto oficial y por la adjudicación de viviendas protegidas.
El marco de la disputa fue la firma de los convenios de rehabilitación integral y urbanización de suelo para 2.438 viviendas protegidas en 16 municipios de Castilla y León, entre ellos la propia capital pucelana, y por un montante de 32 millones de euros dentro del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, que ayer celebró también su segundo reunión bilateral entre la ministra y el consejero. Precisamente fue este encuentro el que provocaría las primeras quejas del regidor vallisoletano. Convocados a las diez y media de la mañana no fue hasta una hora después cuando, tras el encuentro con el representante de la Junta, Trujillo se presentó en la sala de Prensa de la Delegación del Gobierno en Castilla y León en la que la esperaban los representantes de 15 municipios y los periodistas. Antes de acceder al lugar acordado para la firma de los convenios tuvo que convencer al regidor vallisoletano, que avanzaba ya por el pasillo hacia la salida, de que se quedara. Y es que como explicaría ante los medios después del acto oficial, el regidor se marchaba «porque un alcalde tiene mucho más que hacer que esperar durante casi una hora». El protocolo del acto también fue objeto de las iras de De la Riva al estar situado «el último de la mesa -y no en la principal-, casi en otra sala, y con una pierna fuera porque ni cabía...», denunció para asegurar que la explicación del orden alfabético protocolario no le satisfacía «porque después de la ministra y del delegado del Gobierno, la siguiente autoridad era el alcalde Valladolid».
Quejas «injustificadas»
La ministra quiso en un primer momento quitar hierro a la polémica generada por el alcalde al asegura que en las comisiones bilaterales entre el Gobierno y una Comunidad «a veces se debate menos y a veces más y las cosas no siempre son cuadradas» y concluir, ante la presencia cercana de De la Riva, que «las quejas del alcalde de Valladolid están injustificadas». Además, tanto la propia ministra como el delegado del Gobierno, Miguel Alejo, habían explicado ya durante el acto de las firmas de los acuerdos el por qué de la posición del alcalde y le pidieron que fuera él el primero en entregar los documentos rubricados «por ser el anfitrión del evento». La discusión se hubiera quedado casi en una mera anécdota de no ser por las declaraciones que, acto seguido, realizó la propia Trujillo, sobre las viviendas de protección concedidas a familiares de algunos cargos del PP, entre ellos el hijo del alcalde vallisoletano. «Eso es una indecencia y una ilegalidad», sentenció Trujillo, que justificó sus críticas en el hecho de que «hay muchos ciudadanos que necesitan acceder a una vivienda protegida y porque en esta Comunidad tenía que estar funcionando el registro de viviendas protegidas -está en marcha desde noviembre- donde no cabe que un promotor las adjudique».
«Nos viene a insultar»
Tras su intervención, fue De la Riva el que se dirigió a los periodistas para pedir un nuevo turno de palabra «porque ahora me toca a mí». El regidor, visiblemente molesto, señaló que lo que «es una indecencia y una ilegalidad es venir a insultarnos con el desconocimiento de la Ley» al recordar a la ministra de Vivienda que el Ayuntamiento «ha abierto un registro, pero antes de esa fecha no existía ni había tal sistema de sorteo, por lo que de la ilegalidades nada».
Polémicas aparte, Trujillo destacó la validez del Plan Estatal de Vivienda por el que los castellanos y leoneses recibirán 268,3 millones de euros para acceder a una vivienda, lo que representa un incremento respecto al plan anterior del 83,9 por ciento. El grado de ejecución del programa en la Comunidad es «del 97 por ciento», según declaró la ministra, que destacó que ya se han concedido ayudas a 36.947 familias de las 37.443 previstas. En cuanto al acuerdo de ayer, estará financiado en un 34,4 por ciento -unos 11 millones de euros- por el Ministerio, mientras que la Junta sufraga el 23,4 -7,5 millones- y el 42,2 restante corre a cargo de los ayuntamientos y los beneficiarios.
Por su parte, el consejero de Fomento recordó que la Junta ha beneficiado a 90.000 familias en materia de vivienda en los últimos cuatro años. Además, añadió que el Ejecutivo «tenía el objetivo de promover 4.000 viviendas protegidas al año, lo que se ha «cumplido en más de un 150 por ciento».
ICAL
Trujillo y Silván saludan a los alcaldes que firmaron los convenios para construir viviendas protegidas
