La propuesta de ley para reformar la sucesión de los títulos nobiliarios, que pretende terminar con la discriminación por motivo de sexo, ha creado malestar e incluso algunos enfados entre los nobles españoles. Aprobada por el Congreso -ahora deberá pasar el trámite en el Senado-, la norma establece que la heredad de las dignidades será por primogenitura de forma exclusiva sin tener en consideración si se trata de un hombre o de una mujer. Una proposición a la que la mayoría no ve el sentido al considerar que la forma de sucesión en los títulos nobiliarios había quedado clara con una polémica sentencia del Tribunal Constitucional que en 1997 estableció la preferencia del varón.
Los nobles se han apresurado a asegurar que la no discriminación de la mujer les parece muy razonable y acorde con los tiempos, pero lo que levanta ampollas es la cláusula de retroactividad por la que la ley sería efectiva desde el 27 de julio de 2005, fecha en la que comenzó su tramitación en el Congreso. El motivo de esa cláusula, lo apunta Javier Gómez de Olea, miembro de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, «en esa fecha sólo había un título en discusión, se puede comprobar en el Ministerio de Justicia, el caso de Agatha Ruiz de la Prada contra su tío el marqués de Castelldosríus, Grande de España. Todos los demás fueron a Estrasburgo y perdieron».
En la misma línea se pronunciaron la mayoría de los nobles consultados por ABC. Así, Javier Timermans de Palma, marqués de Villapuente de la Peña, consideraba que el único problema que le encuentra a la ley «es que se quiere hacer con efectos retroactivos. Lo lógico sería que se hiciera exactamente lo mismo que con la Casa Real, porque entonces los nobles estaríamos dispuestos a seguir la misma suerte que el Príncipe de Asturias. Nosotros teóricamente le debemos lealtad a la Corona, y en esa lealtad estamos dispuestos a seguir la misma suerte que ella».
De forma contundente se expresó Manuel Fuentes de Gilbert, barón de Galvín, al decir que «la realidad de este Proyecto de Ley es que es un capricho personal de Pedro J., que todo el mundo le tiene mucho miedo, y es una aberración jurídica porque desnaturaliza completamente la institución. Entonces, cuando una institución se desnaturaliza es mejor extinguirla independientemente de los servicios que haya prestado en muchos siglos de Historia y de lo que diga la Constitución de las facultades de Su Majestad. A mi me parece obviamente una aberración, una manera de, como dijo el PNV en un escrito, de favorecer a una señora y tres o cuatro amigas».
Tampoco lo dudó Iván Moreno, conde de los Andes y Grande de España, al considerar que «es lamentable. Primero porque no se tiene en cuenta realmente a los titulares, a una institución que ha mantenido unos derechos desde la época de las Partidas de Alfonso X, que es una situación que afecta a un colectivo muy reducido de la población española, y yo creo que se tendría que haber tenido en cuenta el sentir de esa mayoría. Segundo, sigue habiendo una situación de discriminación, si bien podría haber discriminación por razón de sexo, lo que desde luego hay es discriminación por razón de edad. ¿Por qué tiene que ser el primogénito con independencia del sexo que tenga? Lo que se podría llegar es a una solución ecléctica en la que el titulado escoja a quien quiera que le suceda».
Pero no sólo se le pone peros al fondo de la norma, también la forma ha sido objeto de críticas. Fernando Muguiro, licenciado en derecho, máster en derecho nobiliario, e hijo del conde de Muguiro, opina que «siendo una ley que posibilita el acceso a las mujeres en régimen de igualdad con los varones en la sucesión de los títulos nobiliarios plantea inseguridad jurídica por el grado de retroactividad».
Enrique Bertolá, primogénito del marqués de Cimada cree que «esta ley, además de innecesaria, está mal hecha porque al desconocerse la institución por los ponentes se dinamita la base pero no se regulan las consecuencias. Ha quedado en el orden de la interpretación muchas situaciones que sólo se dilucidarán en el Tribunal Constitucional. Además de provocar conflictos familiares y será caldo de cultivo para la prensa rosa».
Uno de los temores es el de las situaciones que se pueden generar en el seno de las familias nobles, creando situaciones desagradables e invitando a que prosperen los litigios. Javier Gómez de Olea afirma que «se ha hecho una ley que deja un montón de puertas abiertas. Tendrían que haberla hecho consultando con los expertos. La ley hubiera salido igual, pero de una manera más razonable, aquí han entrado a saco. Ya veremos si esto no puede terminar en el Constitucional de alguna manera. Por haberse hecho tan mal, van a generar un montón de pleitos y tendrá que ser el Supremo o quizá el Constitucional el que acabará diciendo hasta dónde llega la aplicación de esta ley».
La opinión de las mujeres
Es llamativo el que ante un asunto que les afecta de forma directa, las mujeres de la nobleza no quieran pronunciarse, ni siquiera las que en su día presentaron recursos para recuperar títulos nobiliarios y que los perdieron, incluso después de llevar sus demandas hasta el Tribunal de Estrasburgo. El conde de los Andes resume la situación de esta forma «son sólo unas pocas señoras, realmente no es el sentir de la mayoría, entre otras cosas porque además, las principales casas están en manos de mujeres excepto la del Infantado. No hay un situación en la que realmente todo el mundo piense que hay una discriminación. Y además, si hablas con cualquier señora que sea titulada ahora, va a estar en contra de esta situación, no es un sentir de la mayoría de las mujeres con título».
La confirmación llega de la mano de Gema Romero-Valdespino, marquesa de los Álamos del Guadalete, que se mostraba «totalmente en contra de esa proposición de ley porque entiendo que si bien es discriminatorio en el sentido del sexo, también lo es en el sentido de la edad. O bien mantenemos el derecho tradicional nobiliario, con las leyes antiguas por las que se rige desde toda la vida, o tiene que reformarse todo, incluyendo la primogenitura. Si nos basamos en el Artículo 14 (de la Constitución), como se supone que hace esta ley, entonces ¿por qué va a ostentar un privilegio una persona por haber nacido antes?. Creo que hay que volver al derecho tradicional, que entiendo que es un derecho privado especial que no tendría que haberse regido por la norma constitucional. Esto va a crear unos litigios y unos problemas familiares horrorosos, porque no se ha respetado los derechos de los ya nacidos».
Situaciones injustas
Una práctica habitual entre los nobles que tienen varios títulos es repartirlos en vida entre sus hijos menores, y reservar el principal para el mayor de los varones, que heredaría a la muerte del titular. Si la propuesta de ley para no discriminar a las mujeres prospera, se darán situaciones en las algunos varones hijos mayores de la nobleza se queden sin título porque pasará a su hermana, sin tener en cuenta la voluntad de sus padres.
Tampoco entienden los nobles que se legisle sobre un asunto que afecta a muy pocas personas, cerca de mil -existen unos 2.000 títulos nobiliarios, pero hay varias personas que ostentan más de uno- a las que, además, no se les ha pedido opinión sobre lo que les parece. Lo mismo opinan los expertos en la materia, que se quejan de que no se les haya consultado, como Javier Gómez de Olea que se queja de que se han metido a legislar « sin informarse, sin dictamen de la Academia de Historia, de la Academia nuestra. Que nos puede parecer mejor o pero, pero hubiéramos tratado de hacerlo de la manera menos nociva posible».
Los nobles y los expertos apuntan a que este Proyecto de Ley todavía tiene que pasar por el Senado, con lo que mantienen la esperanza de que la cláusula de retroactividad a 27 de julio de 2005 se anule, y que entre en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE. Una cláusula que consideran encaminada a favorecer al único caso en tramitación en la fecha que se contempla, que llegó a los tribunales tan sólo diez días antes de la presentación de la Ley en el Congreso.
Fuente:ABC
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