Ni pensión ni sueldo ni chófer. Ni siquiera mantienen el tratamiento oficial de 'president'. El único reconocimiento que han recibido hasta la fecha quienes en su día presidieron la Comunitat Autònoma o el Consell General Insterinsular es la Medalla d'Or de la Comunitat que les entregó Jaume Matas a principio de este año. Se trata, por orden cronológico de Jeroni Albertí, Francesc Tutzó, ambos presidents del Consell General Insterinsular, y Gabriel Cañellas, Cristòfol Soler y Francesc Antich.La Comunitat no tiene una ley que regule el tratamiento que debe darse a los ex presidentes.
No cobran un sueldo y no tienen derecho a una pensión. No sucede lo mismo con los ex presidentes del Gobierno central, figura que sí está regulada en una ley. Tanto Adolfo Suárez, como Felipe González y José María Aznar perciben una pensión vitalicia. Los tres primeros años es del cien por cien de su sueldo y, el resto de sus vidas del 80 por ciento.
La pensión vitalicia no es el único privilegio que tienen los ex presidentes de Gobierno por razón de su cargo. Disfrutan además de un status especial con beneficios como gastos de oficina con cargo a los presupuestos generales del Estado, coche oficial con chófer y guardaespaldas, dos funcionarios a su servicio, viajes gratis en las compañías regulares del Estado y apoyo de las embajadas cuando se encuentran en algún país del extranjero. En el caso de los ex presidents de la Comunitat, al no haber una ley que lo regule, no disfrutan de ninguna de estas ventajas.
Más allá de las cuestiones económicas, uno de los aspectos más peliagudos de la situación de Albertí, Tutzó, Cañellas, Soler y Antich es el tratamiento que reciben en los actos oficiales. Son figuras no reguladas por el protocolo, a quienes ni corresponde el tratamiento de 'president'. Extraoficialmente, y como norma de cortesía, se les sigue llamando president aunque no esté regulado. En el caso del Gobierno central, la ley sí que les permite mantener el tratamiento de presidente de por vida. Ello significa que son presentados con este cargo en los actos oficiales a los que son invitados.
En otras comunidades autónoma, la figura del ex presidente está regulada. Los casos más claros son los de Cataluña y Galicia. Cuando Pasqual Maragall deje el cargo, no sólo mantendrá el tratamiento de 'president' sino que, durante dos años, percibirá el 80 por ciento de su sueldo actual. Otro tanto cabe decirse de Manuel Fraga. Al margen de que nadie se atreva a discutirle el tratamiento, lo mantiene por ley. Y junto a él, el 60 por ciento de su sueldo como responsable de la Xunta de Galicia.
No cobran un sueldo y no tienen derecho a una pensión. No sucede lo mismo con los ex presidentes del Gobierno central, figura que sí está regulada en una ley. Tanto Adolfo Suárez, como Felipe González y José María Aznar perciben una pensión vitalicia. Los tres primeros años es del cien por cien de su sueldo y, el resto de sus vidas del 80 por ciento.
La pensión vitalicia no es el único privilegio que tienen los ex presidentes de Gobierno por razón de su cargo. Disfrutan además de un status especial con beneficios como gastos de oficina con cargo a los presupuestos generales del Estado, coche oficial con chófer y guardaespaldas, dos funcionarios a su servicio, viajes gratis en las compañías regulares del Estado y apoyo de las embajadas cuando se encuentran en algún país del extranjero. En el caso de los ex presidents de la Comunitat, al no haber una ley que lo regule, no disfrutan de ninguna de estas ventajas.
Más allá de las cuestiones económicas, uno de los aspectos más peliagudos de la situación de Albertí, Tutzó, Cañellas, Soler y Antich es el tratamiento que reciben en los actos oficiales. Son figuras no reguladas por el protocolo, a quienes ni corresponde el tratamiento de 'president'. Extraoficialmente, y como norma de cortesía, se les sigue llamando president aunque no esté regulado. En el caso del Gobierno central, la ley sí que les permite mantener el tratamiento de presidente de por vida. Ello significa que son presentados con este cargo en los actos oficiales a los que son invitados.
En otras comunidades autónoma, la figura del ex presidente está regulada. Los casos más claros son los de Cataluña y Galicia. Cuando Pasqual Maragall deje el cargo, no sólo mantendrá el tratamiento de 'president' sino que, durante dos años, percibirá el 80 por ciento de su sueldo actual. Otro tanto cabe decirse de Manuel Fraga. Al margen de que nadie se atreva a discutirle el tratamiento, lo mantiene por ley. Y junto a él, el 60 por ciento de su sueldo como responsable de la Xunta de Galicia.
Fuente:Última Hora Digital
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