El Gobierno ha aprobado una precipitada modificación de la normativa sobre condecoraciones militares que va a causar más problemas de los que pretende solucionar. La presión para conceder el distintivo rojo a los paracaidistas caídos en Líbano como consecuencia de un atentado terrorista hará sin duda justicia a estos soldados, pero puede generar nuevos agravios comparativos.
El problema de fondo es que el Gobierno no quiere asumir que envía nuestros contingentes militares a la guerra. Esa incoherencia está en el origen de la mayor parte de los problemas que sufren nuestros militares en misión internacional, desde su deficiente equipamiento, hasta las medallas que reciben pasando por su doctrina de empleo de la fuerza. Mientras Zapatero no quiera asumir la realidad, que envía soldados a la guerra, cualquier parche, desde los inhibidores recién adquiridos o el color de las medallas, no solucionará el problema de fondo.
La reforma emprendida por el ministro de Defensa tiene además dos problemas añadidos. En primer lugar, que va a dar lugar a toda una cascada de agravios con victimas anteriores, empezando por las víctimas del helicóptero abatido en Afganistán, cuyos muertos no tendrá derecho al cambio de distinción. El segundo problema es que para evitar esos agravios se devalúe el valor de esas condecoraciones de forma que ya no sea necesaria ninguna muestra de valentía para hacerse acreedor de esa distinción.
La precipitación de la reforma ha hecho además incurrir en algunos errores y omisiones graves en la nueva norma. Por ejemplo, que no se contemple la posibilidad de condecorar a heridos graves en atentados terroristas en el exterior. O que no se contemple esa posibilidad para los que fallezcan por un atentado en nuestro propio suelo.
Las recompensas militares resultan esenciales en una profesión en el que el riesgo a perder la vida en acto de servicio resulta especialmente elevado. Una eventualidad que requiere algo más que una mera compensación económica para poder ser asumida. Tiene que ver con valores como el compromiso, el sacrificio, la entrega y el amor a España que deben ser muy difíciles de entender y reconocer para un Gobierno como el actual. Pero al menos el ministro del ramo debería reflexionar y escuchar más a los profesionales antes de embarcarse en frívolas reformas de una cuestión tan sensible para sus subordinados.
El problema de fondo es que el Gobierno no quiere asumir que envía nuestros contingentes militares a la guerra. Esa incoherencia está en el origen de la mayor parte de los problemas que sufren nuestros militares en misión internacional, desde su deficiente equipamiento, hasta las medallas que reciben pasando por su doctrina de empleo de la fuerza. Mientras Zapatero no quiera asumir la realidad, que envía soldados a la guerra, cualquier parche, desde los inhibidores recién adquiridos o el color de las medallas, no solucionará el problema de fondo.
La reforma emprendida por el ministro de Defensa tiene además dos problemas añadidos. En primer lugar, que va a dar lugar a toda una cascada de agravios con victimas anteriores, empezando por las víctimas del helicóptero abatido en Afganistán, cuyos muertos no tendrá derecho al cambio de distinción. El segundo problema es que para evitar esos agravios se devalúe el valor de esas condecoraciones de forma que ya no sea necesaria ninguna muestra de valentía para hacerse acreedor de esa distinción.
La precipitación de la reforma ha hecho además incurrir en algunos errores y omisiones graves en la nueva norma. Por ejemplo, que no se contemple la posibilidad de condecorar a heridos graves en atentados terroristas en el exterior. O que no se contemple esa posibilidad para los que fallezcan por un atentado en nuestro propio suelo.
Las recompensas militares resultan esenciales en una profesión en el que el riesgo a perder la vida en acto de servicio resulta especialmente elevado. Una eventualidad que requiere algo más que una mera compensación económica para poder ser asumida. Tiene que ver con valores como el compromiso, el sacrificio, la entrega y el amor a España que deben ser muy difíciles de entender y reconocer para un Gobierno como el actual. Pero al menos el ministro del ramo debería reflexionar y escuchar más a los profesionales antes de embarcarse en frívolas reformas de una cuestión tan sensible para sus subordinados.
Fuente:Libertad digital
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